Redacción. Santa Cruz de Tenerife
Los grupos parlamentarios popular, socialista y mixto en el Parlamento de Canarias han coincidido en criticar la "mala gestión" en la aplicación de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia en el archipiélago.

Nieves Rojas.

A pesar de esto, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha defendido su labor al frente del Departamento. Ha recordado en el pleno del Parlamento que la norma busca la prevención y la atención a los dependientes. "Todo el mundo cree que es una paga porque tengo un dependiente en casa", ha lamentado la consejera que expuso que 60.000 plazas se quedaron vacantes en España a casa para cobrar la prestación. "El Estado cortó eso", aseguró.

En esta línea, la consejera ha afirmado que el Gobierno de Canarias se ha mantenido "a pesar de las críticas aunque costara dinero nuestro sistema". Y ha explicado que la nueva ley pretendía que las plazas ocupadas por personas de menos requerimientos fuesen para grandes dependientes. "40.000 estarán fuera del sistema, pero 40.000 están siendo atendidas", afirmó.

Rojas ha afirmado que Canarias está en la recta final del desarrollo de la ley en las islas, tras un "arduo" trabajo con los cabildos. Planteó que a finales de 2013 podría terminarse la implantación e insistió que aunque en las islas se atiende a unas 49.000 personas, sólo aparecen en las estadísticas 13.000 "porque están en manos del Cabildo".

Juan Santana, del PP.

Rojas ha avanzado que en las islas el sistema continuará descentralizado y así aseguró que los servicios especializados se quedarán en los cabildos, la teleasistencia en los ayuntamientos y el Gobierno otorgará las prestaciones. Expuso que las prestaciones oscilan entre los 300 y 510 euros, pero que sólo accederán a ellos los que están siendo atendidos en casa y no tienen otros servicios.

"Venimos trabajando, el Gobierno, cabildos y ayuntamientos", ha repetido para decir que los planes sociosanitarios tiene los días contados por lo que si paralizamos la ley de Dependencia habría un caos.

El diputado del PP, Juan Santana, ha afirmado que la aplicación es "manifiestamente" mejorable. "No hemos oído ninguna solución para los dependientes", afirmó para insistir en la tramitación lenta que alcanza 20 meses superiores a los fijados por la ley. "Tiene mucho camino por andar y lo peor es que la mayoría ya debería haber estado en marcha", dijo.

Santana expuso que la integración de los dos sistemas debe darse ya y no en 2012. Aprovechó para criticar que CC esté a favor de los presupuestos del Gobierno en el Congreso. "No se puede permitir el retraso", denunció para añadir que lo único que han conseguido es "domesticar" el discurso del PSC-PSOE en las islas.

El diputado del grupo nacionalista canario, Ignacio González (CCN), ha defendido los servicios antes que las pagas. "Estoy de acuerdo con el sistema canario", afirmó para subrayar que le da igual en qué sistema se atienda, pero pidió que se aclare que se está al nivel de las comunidades más sociales de España.

González se ha mostrado partidario de que se hubiera recurrido la ley de Dependencia como hizo Navarra, que consiguió "más dinero". De igual forma, ha solicitado que en los próximos dos años, hasta 2013, se establezca un proceso "difícil" para que se aplique la ley de forma definitiva.

De igual forma el centrista ha pedido financiación suficiente para cabildos si tienen que hacerse cargo de los centros y a los ayuntamientos si llevan la teleasistencia. "Si no, no se van a poder prestar los servicios", ha recalcado.

Última posición

La diputada del PSC-PSOE, Rosa Guadalupe Jerez, ha admitido la preocupación de la sociedad ante la aplicación la ley de Dependencia. Y ha admitido que Canarias no ha salido de la última posición en la aplicación de la norma y que sólo reciben atención 27 de cada cien. "Se han presentado 36.000 solicitudes", dijo para afirmar que 40.000 se quedan fuera.

Jerez ha defendido que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "no ha recortado" en materia social y al mismo tiempo ha dado un margen de confianza a la consejera para que resuelva la situación actual de la aplicación. "No vamos contra nadie, sólo trasmitimos el sentir del pueblo", ha mantenido.

Rosa Guadalupe Jerez.

Asimismo, ha pedido una mejor gestión. "Es el momento de dar un giro de 180 grados", dijo para añadir que el 60 por ciento de los solicitantes están en un limbo. Añadió que si se hubiera aplicado correctamente se hubieran creado un total de 7.240 empleos. "Es un gran yacimiento de empleo", dijo.

El portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez (NC), ha afirmado que "como nos descuidemos nos quitan nuestro papel", dijo tras escuchar a González y Jerez. Lamentó que se afirme no sólo que no hay problemas, sino que "somos los mejores". Aquí condenó que no se reconozca la mala gestión.

Censuró aquí que se argumente que no se contabiliza a los atendidos por los cabildos. Afirmó que ha habido mal gasto y mala atención para la evaluación del programa. "Lamento que no reconozca el problema grave", argumentó Rodríguez para afirmar que no entiende que ésto tenga algo que ver con los retrasos. "La invito a que haga un análisis autocrítico y que gestione bien", insitió el nacionalista para recordarle a Rojas que en las islas hay planes sociosanitarios, pero que los cabildos no los pueden sostener.